El Salvador: fuerza armada impide acceso a sus archivos

SAN SALVADOR – Pese a que el presidente salvadoreño Nayib Bukele había prometido que su gobierno entregaría los archivos militares que corresponden a la guerra civil para robustecer la investigación del proceso penal por la masacre de El Mozote, la fuerza armada impidió el lunes el acceso al juez Jorge Guzmán, a cargo del caso.

La masacre ocurrió en 1981 y en ella murieron casi 1.000 campesinos.

Un militar identificado como el coronel Vanegas informó a Guzmán y a los peritos que lo acompañaban que no se les permitiría el ingreso ni se les daría acceso a los archivos resguardados en el Estado Mayor de la fuerza armada, lo que se había acordado en una audiencia el 28 de agosto.

“Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República y comandante general,Nayib Bukele; del ministro de la defensa señor Merino Monrroy (Francis), y su Alto Mando quienes no han permitido el acceso a la autoridad judicial, para la inspección de los archivos (militares)”, dijo el abogado querellante David Morales.

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ARCHIVO – En esta fotografía del 23 de octubre de 1992, la antropóloga forense Claudia Bernard, de Argentina, limpia la tierra de los restos humanos en El Mozote, El Salvador.

Tras la derogatoria hace cuatro años de la ley de amnistía para crímenes de guerra en El Salvador se abrieron distintas causas judiciales, la mayoría contra militares que hoy están en situación de retiro, José Ricardo González es un veterano del Ejército y dijo que inspeccionar archivos militares es abrir viejas heridas que debieron cerrarse con la firma del acuerdo de paz en 1992.

“Abriendo las heridas del pasado, me entiende, ahora nosotros tenemos que hablar por los derechos de cada uno tanto de los veteranos (militares, como de los ex combatientes ( antigua guerrilla) que sufrieron los dos bancos cometieron errores”, indicó Morales.

El caso ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El presidente de El Salvador es el comandante general de la fuerza armada y hasta el momento el gobierno no ha brindado una posición oficial sobre el incumplimiento.