EE. UU. señala al Supremo de El Salvador y a la fiscalía de Guatemala en su lucha contra la corrupción

La lista transmitida al Congreso se basa, según un comunicado, en sus ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción por parte de los funcionarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes acciones contra siete ciudadanos centroamericanos por “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”.

“Para avanzar en esta prioridad, estamos agregando a siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de Estados Unidos bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado de EE. UU-Triángulo Norte”, reza el comunicado en referencia a la legislación estadounidense que permite que esas personas designadas por el país norteamericano “no sean elegibles para visas”, ni tampoco puedan ser admitidas a Estados Unidos.

Según el texto, la decisión se tomó al determinar que ellos habían realizado “acciones que socavaron a la democracia y obstruyeron las investigaciones sobre corrupción en El Salvador y Guatemala”.

En ese sentido, subrayan que “Estados Unidos está comprometido en apoyar al pueblo centroamericano fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas”, unos factores que, según el ejecutivo estadounidense, “son claves para un futuro mejor”.

Los magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, castigados

Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador son los afectados por el castigo de Estados Unidos. Se trata de Elsy Dueñas, Oscar Alberto López, Héctor Nahun Martínez, José Ángel Pérez y Luis Javier Suárez. “Socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña”, expone el comunicado del Departamento de Estado.

Sobre eso, recuerdan que “los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima” tras la proclamación de la nueva Asamblea Legislativa en el país el pasado 1 de mayo.

“Una vez instalados, los nuevos magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa. Los magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa [recogida en la Constitución] que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia”, sostienen desde el Gobierno de Estados Unidos.

El propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se apresuró a responder a los señalamientos de Washington asegurando que, en realidad, “no tiene nada que ver” con la lucha a la corrupción.

El mandatario tilda la medida de “pura política e injerencia de la más bajera” y resalta que Washington no ha adoptado medidas contra nadie de su oposición ni contra nadie del Gobierno de Honduras, sobre el que también pesan las sospechas.

Dos sancionados en Guatemala

Por parte de Guatemala, la actual fiscal general del país, María Consuelo Porras, ha sido sancionada por Estados Unidos ya que, según el comunicado, “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”.

“El patrón de obstrucción de Porras incluía ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y despido de los fiscales que investigan la corrupción”, explican.

Ángel Arnoldo Pineda, que actualmente funge como secretario general del MP, es el último nombre que aparece en la lista de nuevos sancionados. En este caso, se considera que él “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones sobre anticorrupción”.

“El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”, dicen.

El Gobierno de Estados Unidos recalca que va a utilizar todas las “herramientas” que estén a su disposición para “promover la rendición de cuentas” entre aquellos que ataquen “las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano”.

“Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular”, señalan.

Con todo, el ejecutivo estadounidense aclara que se va a seguir apoyando al pueblo de El Salvador y Guatemala “en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.

Una medida “sin precedentes”

Como era de esperar, pocas horas después de que se conocieran los castigos por parte de la Administración estadounidense, se han producido varias reacciones ante el impacto que la medida podría tener en la relación entre los tres gobiernos.

No hay precedentes en Estados Unidos de fiscales incluidos en la lista de personajes corruptos”
Claudia Escobar, investigadora de la FND

Claudia Escobar, investigadora de la Fundación Nacional para la Democracia (FND, por sus siglas en inglés), recordó que nunca Estados Unidos había incluido a un fiscal de Guatemala en su lista de sancionados, por lo que ahora Porras deberá hacer frente a las consecuencias que eso comporta.

“No hay precedentes en Estados Unidos de fiscales incluidos en la lista de personajes corruptos. Se queda sin visa y sin honorabilidad”, señaló la mujer, que ejerció de magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, convencida de que “la fiscal se esmeró” para que el Gobierno norteamericano tomara esa decisión.

En el caso salvadoreño, Mauricio Linares, diputado del grupo parlamentario ARENA, con representación en El Salvador, aseguró que se ha llegado hasta este punto como resultado de la toma de decisiones por parte del presidente Nayib Bukele. “El Gobierno de EE. UU. ha visto que se está violando el Estado de derecho, que se está jugando con la democracia de El Salvador y, a raíz de eso, se ve que ellos tomaron la decisión de incluirlos en la lista de personas con actos de corrupción”.

El Gobierno de EE. UU. ha visto que se está violando el Estado de derecho, que se está jugando con la democracia de El Salvador”
Mauricio Linares, diputado del grupo parlamentario ARENA

Ante esta situación, instó que los salvadoreños han de tener “bien claro” cuál es la situación actual y las consecuencias que están teniendo las decisiones que se adoptaron el pasado 1 de mayo, cuando se hizo efectiva la destitución de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.

“Lo que pasó el 1 de mayo fue la rotura del Estado de derecho cuando quitó la Sala de lo Constitucional en su momento. Con esta resolución que se tiene por parte del Secretario de Estado de EE.UU. vemos que la decisión que tomaron ellos [el Gobierno de Bukele] el 3 de septiembre sobre la reelección inmediata les está pasando factura en el momento en el que se les incluye en la lista de personas corruptas”, agregó al respecto.

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