Amenazas, muertes, impunidad y estigmas: ¿Cómo ser periodista en México?

Según un informe de la organización Artículo 19, en México se registra una agresión contra periodistas o medios de comunicación cada 12 horas. Los principales agresores son agentes del Estado, quienes cometieron el 37.3% de las agresiones.

‘Te voy a despedazar’. Estas fueron las palabras que escuchó Jonathan Cuevas en octubre de 2020. La amenaza de muerte llegó a través de una persona que le habló por teléfono.

Pero no es la única. Le han rayado su carro, ha recibido fotografías amenazantes, ha visto policías rondando su casa y ha sufrido otros actos de hostigamiento. En ese contexto aceptó salir del municipio mexicano de Iguala -en el estado Guerrero- para ser trasladado a un refugio proporcionado por el mecanismo de protección a periodistas en su país.

Hace 10 años inició su gran sueño junto a su esposa: crear Agencia Periodística de Investigación, en el Estado de Guerrero -uno de los más complicados para ejercer el periodismo, según la organización Artículo 19.

“Empezamos en Chilpancingo, como un medio estatal, es la capital del Estado. Sin embargo, hace aproximadamente dos años decidimos como regionalizar un poco”, cuenta orgulloso a la Voz de América.

Sin embargo, la intención de penetrar en las comunidades que tienen poco acceso a los medios de comunicación y denunciar casos de corrupción, les ha generado todo tipo de conflictos.

Según un informe de la organización Artículo 19, Ciudad de México es el estado con más agresiones a periodistas (64), seguido por Tamaulipas (23), Quintana Roo (23), Puebla (22) y Guererro (21), donde vivía Jonathan.

“En Iguala [municipio mexicano], hay una disputa entre dos bandas del crimen organizado, que pues pretenden controlar los dos, a la prensa local. De hecho, hasta hace dos años te podría decir que había unos por lo menos diez periodistas compañeros que dábamos cobertura a información policiaca y pues hoy quedan dos, y con todos los riesgos que esto implica”, dice Cuevas, quien señala que son amenazados porque las bandas, pues conocen toda su información personal y la de sus familias.

Añade además que denunciar a las autoridades municipales también afecta el ejercicio, y, en ocasiones, deben autocensurarse. “Hablar ya directamente o señalar directamente a la delincuencia organizada en un municipio tan pequeño como lo es Iguala, representa prácticamente tu muerte”, confiesa.

Jonathan explica que el mecanismo de protección, a pesar de darle comida y techo, no le da las garantías para ejercer su profesión y que tampoco tiene las facultades para brindarles protección de su oficio en sus municipios de origen.

Incluso, dice que un funcionario municipal lo ha amenazado y el proceso continúa estancado: “Estoy en espera de que la investigación continúa, pero el proceso se alarga simplemente y, mientras más pasa el tiempo, la verdad es que tus esperanzas, pues se van muriendo”.

México, donde hablar es sentencia
El caso de Jonathan es una de las 362 agresiones contra la prensa, que se cometieron en el primer semestre de este año, según Artículo 19.

Según Paula Saucedo, oficial del programa de protección y defensa de la organización, una de las principales preocupaciones es la violencia creciente “y que no se detiene” contra la prensa en México que, según ella, han visto desde hace más de cinco años.

“Varias de esas tienen que ver con el combate a la impunidad, que es de más del 98 por ciento en los crímenes contra la libertad de expresión”, dice. Más del 40 por ciento son o fueron perpetradas por agentes del Estado, agrega. “Generalmente, el punto de vista o el enfoque que tiene el Estado mexicano paraatender a las y los periodistas es reactivo, no preventivo”, explica la experta.

Otra de las grandes preocupaciones -añade- es que “en un país donde se agrede a un periodista por ejercer su labor cada 12 horas, la estigmatización por parte de las personas funcionarias públicas lo único que hace es aumentar los riesgos que tienen estas personas periodistas para recibir más agresiones esas”.

 

Coyuntura desalentadora

Artículo 19 también destaca en su informe, publicado en agosto, que la coyuntura electoral es la principal cobertura de riesgo, pues integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones.

“Por eso, la tenemos considerada como una cobertura de riesgo”, dice Paula.

Por otro lado, se encuentra la coyuntura sanitaria, que según reporta la organización, el año pasado, una de cada ocho agresiones estaba vinculada con las coberturas de la pandemia. “Documentamos 111 o 113 ataques contra periodistas que están cubriendo cosas específicamente sobre sobre la contingencia sanitaria” y denuncias las labores de las instituciones públicas.

A esto se le suma, dice la experta, la precariedad y la falta de protección a los profesionales, en casos de contagios, por ejemplo, lo que aumenta su riesgo.

Para Paula, documentar los movimientos sociales, como las protestas o las caravanas migrantes también representan un gran riesgo.

Por otro lado, el informe también estaca las agresiones, a través de internet, que se presentan una cada tres horas.

“La mayoría de las agresiones que hemos documentado en la esfera digital son amenazas contra la integridad de las y los periodistas, a veces ha habido amenazas de muerte, amenazas de violencia sexual, principalmente contra mujeres periodistas y la otra también tiene que ver con campañas de desprestigio”, dice Paula.

Precisamente, señala que hay poblaciones que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres. Artículo 19 documentó 120 agresiones contra mujeres periodistas en el primer semestre. De estas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual (28.69% de las agresiones contra mujeres).

“No es que las mujeres las agredan más que a los hombres periodistas, por ejemplo, en el caso del números. Pero si la violencia es diferenciada. Por ejemplo, muchas veces las campañas de desprestigio contra hombres periodistas se basan en la calidad del periodismo que hacen… Y las campañas de desprestigio contra mujeres periodistas generalmente se enfocan en su vida privada o cuestiones como morales y demás”, explica Saucedo.

Es el caso de Ana Dora Cabrera, periodista residente en el estado de San Luis Potosí y directora del medio de comunicación independiente Octopus. Ana, como su equipo de trabajo, labora -desde hace dos años- con la comunidad y cubren casos de feminicidios, historias de personas en situación de discapacidad, y entran en áreas sensibles como la corrupción y vulneración de derechos humanos.

Precisamente, denunciar un acto de corrupción durante las campañas electorales, el 28 de abril, le ha costado su dignidad, esmero, tiempo y prestigio.

“Los líderes [de una coalición política] hicieron una cena, supuestamente era en el entorno electoral, pero coincidió con el cumpleaños de uno de ellos y encontramos el pago en el registro de los gastos con dinero público”, dice Ana.

Por otro lado, en otro evento, tuvo una discusión con uno de sus colegas.

Tanto el periodista como un excandidato del gobierno del estado de San Luis Potosí que participó en la cena coincidieron en una entrevista en vivo televisada, donde empezaron a tomar licor y, lueg a conversar de temas personales y de manera despectiva, de Ana Dora, según le dijo la periodista a la VOA.

Aseguró además que fue censurada por parte del Partido Acción Nacional PAN en San Luis de Potosí.

Ana Dora comenta que allí los feminicidios y la violencia de género son muy marcados. “Ser mujer y luego ser una mujer periodista se complica más. Y bueno esto se hizo muy amplio y a mí me afectó mucho”.

Explica que tuvo que poner en pausa su trabajo en el medio, lo que causó la salida de muchos colegas. Otras secuelas quedan, expone. “Aparte esa violencia, tocar las puertas con la autoridad ha sido más duro. Porque pues están acostumbrados a normalizar la violencia y no me bajan de exagerada, de loca, porque no me dieron nunca medidas cautelares y tuve que hacer una protesta en el PAN”.

Aunque ha pensado retirarse, dice que la comunidad aún la busca y que siente que aún tiene responsabilidad con la misma. Por ahora, espera una respuesta favorable, tras colocar una denuncia ante el organismo electoral para exigir que la libertad de expresión es un derecho vinculado a los derechos político electorales.

“Por parte de la prensa, lo que sigue es seguir generando redes de apoyo entre las y los mismos periodistas. Y, desde la sociedad civil, pues apoyar estas redes e incidir con el gobierno para mejorar y seguir presionando”, concluye Saucedo.

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